San Miguel de Allende, Guanajuato; 17 de enero de 2026. El gobierno de México ha destinado más de 6 mil 865 millones de pesos al Plan de Justicia para los pueblos chichimeca y otomí del noreste de Guanajuato y del semidesierto de Querétaro, con el objetivo de saldar deudas históricas y garantizar el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos.
Durante una asamblea regional de seguimiento, autoridades federales informaron que los recursos han sido canalizados a acciones relacionadas con la protección de lugares sagrados, el fortalecimiento de la cultura e identidad, la restitución y regularización de tierras, el reconocimiento de los gobiernos tradicionales y el impulso al bienestar comunitario, bajo un esquema de diálogo directo con las comunidades indígenas.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, destacó que este plan se implementa por decisión y liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que uno de los principales avances es el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público, lo que les permite recibir recursos de manera directa, tomar decisiones en asamblea y ejecutar obras sin intermediarios.
Autoridades federales y representantes comunitarios coincidieron en que el Plan de Justicia representa un cambio estructural en la relación del Estado con los pueblos indígenas, al priorizar la participación comunitaria, la reparación histórica y el respeto a la autonomía, con miras a consolidar un desarrollo integral y sostenible en las regiones beneficiadas.
